El Gobierno publicó modificaciones a la Ley del Procedimiento Administrativo General, la cual contiene las reglas aplicables a todos los procedimientos que se tengan que hacer ante las entidades de la administración pública.
Esta norma es considerada “la biblia” del sector público, pues se acude a ella ante cualquier duda, comenta Laura Francia, asociada del estudio Lazo, De Romaña & CMB.
El Gobierno ha introducido cambios prácticos sustanciales que giran sobre dos ejes: ordenar las reglas para la interacción entre los ciudadanos y el Estado, y empoderar al ciudadano.
Entre los principales cambios, se encuentra la estandarización de procedimientos administrativos. De esta manera, los requisitos, las tasas que se pagan por los trámites, las notificaciones y los procedimientos de fiscalización serán estandarizados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Los cambios también buscan empoderar al ciudadano. Por ejemplo, ha limitado el uso del silencio administrativo negativo: es decir, si la entidad no responde al trámite dentro del plazo legal, las entidades no podrán darlo por denegado.
FUENTE: El Comercio
