Analistas consideraron que el discurso de la presidenta Dina Boluarte careció de medidas concretas para enfrentar desafíos sociales y generar confianza empresarial.
Diversos analistas y ejecutivos del sector privado debatieron en torno al mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte por 28 de julio en una mesa organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.
En el debate destacó la proyección del economista David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC) y exministro de Economía y Finanzas, quien adelantó que se espera una caída de un 2,5% en la inversión privada para los próximos meses.
En su análisis, consideró que el discurso careció de un reconocimiento claro sobre la difícil situación económica y la creciente pobreza en el país. Además, subrayó la importancia de contar con medidas concretas para enfrentar los desafíos sociales y generar confianza empresarial.
El discurso presidencial fue evaluado desde distintos ángulos por los panelistas. Para Nuria Esparch, gerente senior de relaciones institucionales de Southern Perú Copper Corporation y exministra de Defensa, en el mensaje faltó desarrollar varios puntos que hoy aquejan la estabilidad económica en el país.
Esparch, consideró la propuesta sobre la inversión en “policías de orden”, como una estrategia desarticulada, ya que se podría optimizar los recursos para fortalecer las capacidades de los 140 mil policías que tiene el país.
Entre otras propuestas presentadas por Dina Boluarte, se resaltó la idea de un congreso bicameral, que podría contribuir a fomentar la reflexión en el debate político. Ante esto, Carolina Trivelli, Investigadora principal del Instituto Peruano de Economía (IPE) y exministra de Desarrollo e Inclusión Social, comentó que la idea no fue clara, puesto que la organización del discurso fue confusa.
Por su parte, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, enfatizó en la importancia de la ejecución de proyectos para el desarrollo económico. Según Galdos, el problema no radica en la falta de recursos, sino en la institucionalidad y solidez para llevar a cabo iniciativas clave, como el desarrollo del sector minero. “La omisión de retrasar proyectos pendientes podría tener un impacto negativo en la economía y en la lucha contra la pobreza”, concluyó.
Fuente: El Comercio
